Los recientes hechos de brutalidad policial en Colombia han traído a la opinión pública una deuda histórica que tiene la Fuerza Pública con la ciudadanía: trato humano, trato digno y garantías de protección de los DDHH. Es sabido que para las personas LGBT la relación con la Fuerza Pública nunca ha sido muy saludable, y esto se debe a las lógicas selectivas del poder punitivo, a esa fuerza discriminadora y segregadora que informa las actuaciones de la Policía y del Ejército, que les indica, a quien violentar y a quien proteger. Este carácter selectivo no sólo toma los elementos de la diversidad sexual y de género como excusa para criminalizar y violentar, también se dirige en contra de la ciudadanía racializada, empobrecida y en situación de vulnerabilidad.

Lastimosamente, para las mujeres trans, la brutalidad policial ha hecho parte de la relación que el Estado ha construido con ellas. Es un fenómeno reprochable y sistemático que, en para las trabajadoras sexuales, ha venido siendo naturalizado en los barrios, los medios de comunicación y por las autoridades encargadas de investigar y sancionar estos comportamientos, quienes suelen minimizar o invisibilizar que ocurre. La definición de zonas de tolerancia no es una garantía de que las mujeres trans no van a ser criminalizadas o agredidas por ejercer el trabajo sexual, de hecho, la regla general es que se les violente para que abandonen el espacio público, incluidas estas zonas.

La brutalidad policial hacia ellas es tal, que, en su mayoría, las mujeres trans lo describen como “lo normal”, “la costumbre”, y la excepción, es el trato ajustado a la Constitución y demás normas. Esa relación violenta naturalizada ha hecho que las mujeres trans interioricen un miedo y prevención respecto de las instituciones y sus ofertas, sobre todo, en lo que tiene que ver con la Policía Nacional. Para ellas, la Policía Nacional a grandes rasgos, no representa protección sino represión y, debido a la sistematicidad de las agresiones y de los abusos de autoridad que se perpetra contra ellas, la situación, que es alarmante desde hace varios años, ha venido siendo denunciada por las organizaciones defensoras de DDHH en todo el país.

La continuidad de estos abusos policiales hacia mujeres trans muchas veces es apoyado por una ciudadanía prejuiciosa que está de acuerdo con la criminalización de los cuerpos diversos y que ven en este fenómeno una perspectiva de castigo. Así, las mujeres trans se enfrentan a requisas permanentes, a cuestionamientos innecesarios y a procedimientos policiales ilegales como detenciones, torturas, entre otros.

Por ello, en el contexto actual de protesta nacional en contra de la brutalidad policial, la reflexión en torno a las mujeres trans es ineludible: ellas han sufrido en carne propia día tras día esta aborrecible realidad, y las reformas o reestructuraciones que se planteen en el Congreso o en otras sedes, deben incluir el enfoque diferencial visibilizando que, los prejuicios sociales tienen muchísima influencia a la hora de perpetrar la brutalidad policial en contra de las mujeres trans y también, a la hora de asegurar la impunidad de estos actos.

En últimas, la responsabilidad de la brutalidad policial tiene raíces muy profundas en nuestra sociedad si se revisa qué es lo que sostiene esta práctica en el caso de las mujeres trans y trabajadoras sexuales, para quienes no se trata de sólo un ejercicio desproporcionado de la fuerza o un desconocimiento de los protocolos, sino que se trata de una fuerza altamente prejuiciosa que encuentra muchas veces, complicidad y respaldo en el resto de la ciudadanía.