21 de julio de 2020. Gisela Díaz es una mujer bisexual, negra, representante legal de la Fundación Desarrollo Sostenible del Pacífico colombiano, víctima del conflicto armado y lideresa del movimiento de mujeres en temas de violencia sexual y consultora distrital. Gisela ha representado a las mujeres víctimas del conflicto y ha liderado acciones de construcción de paz, desde hace más 20 años aproximadamente. Su visibilidad y agencia le ha permitido participar en espacios como la Red Nacional Afro-LGBT de Caribe Afirmativo.
El pasado 09 de mayo del 2020, un hombre armado que se identificó como “paraco”, preguntó insistentemente al hijo de Gisela, “donde estaba su mamá”. Lo mismo ocurrió, el 08 de junio en horas de la madrugada, pero esta vez, dispararon contra su casa impactando en la nevera y las paredes de su vivienda.
La zozobra y el terror, han causado lesiones psicológicas a ella y a su hijo. Desde hace varios meses, la lideresa manifiesta que le han hecho constates “seguidillas” y acoso por parte de personas desconocidas que rondan su barrio y se acercan a su casa.
En tiempos de pandemia, los riesgos que enfrentan las y los líderes sociales en Colombia, han incrementado. El aislamiento social trae como resultado, el debilitamiento de las redes de apoyo comunitarias y sirve de excusa para que la respuesta institucional sea más demorada e inefectiva de lo habitual. Según el portal web de Naciones Unidas (14 de julio del 2020), en lo que va del año, se han registrado más de 120 asesinatos a defensores y defensoras de derechos humanos, situación que incluye la presencia de líderes y lideresas LGBT. Es por esto que la emergencia sanitaria del COVID-19, ha dejado en mayor abandono estatal a las personas LGBT que desde sus territorios, intentan construir paz.
Ante este panorama de inseguridad y abandono, desde la Corporación Caribe Afirmativo y el proyecto Enterezas, hacemos un llamado a:
- La Unidad Nacional de Protección (UNP) para que priorice y gestione la seguridad de Gisela y su familia, debido al riesgo inminente contra su vida.
- La Fiscalía General de la Nación, la celeridad en las investigaciones y el esclarecimiento de los hechos dados a conocer por la lideresa.
- Los entes territoriales, una rápida actuación frente al caso, activando las rutas correspondientes y que hagan presencia más allá de lo militar en el territorio, para que respondan a las deudas históricas en paz, seguridad, derechos sociales y acceso a la justicia, que las personas como Gisela, llevan reclamando hace décadas.
- El Estado colombiano, que debe brindar las garantías de No Repetición a Gisela y su hijo, quienes, como víctimas del conflicto armado, no pueden ser asesinados ni desplazados forzosamente. Es necesario que se le brinde la protección y medidas para que pueda salir del territorio con vida y con garantías de subsistencia.
Gisela necesita ser reubicada, no desplazada. Su vida corre peligro.