9 de junio de 2020. A propósito de las protestas en todo el mundo en contra del racismo a propósito del homicidio de George Floyd a manos de la policía de Minneapolis, el día de hoy hacemos honor a todas esas mujeres lesbianas bisexuales y trans que han sido asesinadas por la discriminación, el estigma, el prejuicio y la violencia estructural que existe en la República Dominicana.
La Constitución Dominicana en su artículo 7.- Estado Social y Democrático de Derecho, dice que la “República Dominicana es un Estado Social y Democrático de Derecho, organizado en forma de República unitaria, fundado en el respeto de la dignidad humana, los derechos fundamentales, el trabajo, la soberanía popular y la separación e independencia de los poderes públicos”. En el artículo 8 menciona que es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas. Deja muy claro así, que los derechos fundamentales y otros derechos de segunda, tercera y cuarta generación también se pueden disfrutar de manera plena en el territorio por todos y todas los habitantes del país, lo que no se cumple de manera plena producto del racismo y la violencia jerarquizada existente en los representantes del Estado quienes deben garantizar el disfrute de los derechos a la gente.
En un país como la República Dominicana, una mujer lesbiana, bisexual o trans afrodescendiente a quien el mismo estado le niega el derecho a la nacionalidad por ser hija de padres haitianos, su vida queda suspendida totalmente, sus derechos económicos sociales y culturales quedan automáticamente anulados, al no poder desarrollarse como un ente productivo y en el ejercicio pleno de todos sus derechos, hay que revisarse y estudiar las acciones jurídicas ya sean contenciosas o administrativas que se realizaran como garantía a las víctimas y se corrija la situación para que nunca más pase.
Cuando una mujer lesbiana, bisexual o trans es violentada por quien debe garantizarle sus derechos, esto afecta toda su vida, desde lo económico, cultural, lo social y su salud donde incluiremos la salud mental la cual queda en un hilo, producto del estancamiento y suspensión a la que su vida y ejercicio de sus derechos es sometida por unas autoridades machistas, misóginas y racistas, como las que se tienen en la Republica Dominicana, evidenciando una vez más como arrojaron los resultados de la investigación de Enterezas En Movimiento, que aún queda un arduo camino para educar a las autoridades para la aplicación del enfoque diferencial en este tipo de violencias estructurales para lograr políticas publicas adecuadas a atacar este mal que tanto daño ha causado a niñas, jóvenes y adultas LBT.