Persecución y violencias sistemáticas hacia las mujeres trans trabajadoras sexuales en Valledupar (Cesar) demuestra un contexto de discriminación marcada

18 de agosto de 2020. En los últimos 15 días, en la capital del departamento del Cesar, se ha tenido conocimiento de dos casos de violencia sobre cuerpos de mujeres trans en ejercicio del trabajo sexual, casualmente las dos son migrantes y/o refugiadas. Estos casos tuvieron ocurrencia el mismo día de manera secuencial, por declaraciones de las víctimas con un mismo modo operandis: los agresores se acercaban usando engaños, de forma amable a las mujeres solicitando sus servicios sexuales, una vez estaban en una situación vulnerable iniciaban las agresiones verbales y se afianzaban las físicas.

El primer caso ocurrió en el sector del Mercado, en el cual, a través de una ráfaga de balas de caucho fueron correteadas mujeres trans, recibiendo una de ellas un disparo a la altura del cuello y posteriormente siendo golpeada. El segundo ocurrió en el Sector de la 44, una mujer trans fue abordada por un sujeto, quien se uniría con 4 más para golpearlas. En los dos casos era posible percibir el prejuicio de los agresores, el uso de palabras como: “vamos a matar a la marica”, la persecución con objetos que pueden causar daño como símbolo de jerarquización y exclusión, el empleo de la fuerza y la violencia sobre los cuerpos, en especial sobre los rostros y la predeterminación en la construcción y ejecución del acto.

Esta situación en Valledupar no es momentánea, por el contrario, es histórica y nunca ha sido abordada por las autoridades e instituciones. El conocido Sector de la 44 es una zona territorial configurada con barreras imaginarias que demarcan el camino y el ejercicio de la violencia, una lucha constante entre las mujeres cisgénero y trans en el ejercicio del trabajo sexual. Entre la 20 y la 23 es un lugar de asentamiento de los trabajadores sexuales trans y la 23 es de los hombres trabajadores sexuales. Sin embargo, el posicionamiento de estos grupos ha venido con la demarcada violencia que ha ido escalando: amenazadas, persecuciones, atentados y homicidios de algunas personas LGBT, en mayor proporción mujeres trans.

En el año 2018 Caribe Afirmativo, junto a otras organizaciones del territorio realizaron un llamado para alertar que en Valledupar se amenazaba con realizar la llamada “limpieza social”: Amenazas, agresiones y asesinato contra mujeres trans venezolanas en zonas de trabajo sexual. El miércoles 15 de agosto del 2018, Lili fue asesinada frente a las mallas del aeropuerto Alfonso López de Valledupar. Algunas primeras versiones indican que ella se encontraba con varias personas cuando dos hombres en una moto pasaron y amenazaron pidiendo que se fueran del lugar, minutos más tardes habrían llegado hombres armados a disparar a las personas que se encontraban en la zona, entre ellas Lili quien recibió dos disparos que le causaron la muerte luego de ser la única persona que había quedado en la zona, otras versiones afirman que no hubo amenaza previa.

En el año 2019 se reportaron dos eventos: en primer lugar, algunos desplazamientos de mujeres trans migrantes de Valledupar a otros territorios por el riesgo sobre sus vidas, por las constantes amenazas y el uso de violencia sobre sus cuerpos. En segundo lugar, por el asechamiento sistémico sobre ellas, logrando obtener un video donde fueron perseguidas por hombre con machetes y objetos contundentes. Se tiene registro que hubo un proceso investigativo, pero no una respuesta efectiva. En el año 2020, dos hombres con orientaciones sexuales diversas han sido asesinados en el territorio a Yojarmis Rincón asesinado el 7 de febrero, Valentino Alberto Silva Colmenares el 15 de agosto y Leidy Padilla 11 de julio, una mujer trans lideresa de procesos.

Sobre los últimos casos ocurridos y el registro de violencia existe una enorme preocupación por la forma y tiempo en la ocurrencia de los hechos, que presta a evaluar si existe la presencia de grupos que buscan causarle daño a las mujeres trans migrantes en Valledupar, sumado a los factores de riesgos que nace con las medidas de protección y erradicación del COVID-19, las dificultades para acceder a la justicia y alto índice de impunidad. Es así que es necesario que la Fiscalía General de la Nación realice un proceso investigativo eficiente con la aplicación de un enfoque diferencial, puesto que notablemente se encuentra ante un caso de violencia por prejuicio sexuales.

Frente a esta situación, como organización comprometida con las personas LGBTI y desde el proyecto Enterezas con las mujeres LBT, reactivamos y colocamos en la mesa de las instituciones del Estado nuevamente una alerta sobre lo que está ocurriendo con las mujeres trans trabajadores sexuales y en particular cuando estas son migrantes. El riesgo a su vida, la obstaculización del acceso y el ejercicio de los derechos es una forma de discriminación, al mismo tiempo peligrosa como es la invisibilización, disminución de los factores de riesgos y omisiones. Es fundamental que sea puesto en análisis por la Alcaldía de Valledupar, la Policía Nacional y la fiscalía para contribuir en la investigación y creación de estrategias y rutas de garantías de derecho.

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