16 marzo de 2021. En diferentes lugares del mundo hispanoparlante, se ha venido poniendo sobre la mesa de debate las experiencias de vida trans. En México, por ejemplo, recientemente se aprobó la Ley Agnes que permitirá a las personas trans del estado de Puebla, cambiar el componente de sexo en sus documentos de identidad, trámite que ya era posible en otros lugares de México como el D.F., Nayarit, Sonora, Jalisco, entre otros.
También, en España se ha presentado la muy comentada Ley Trans en la que, entre otras cosas, se propone un avance en la despatologización de la transexualidad (en sintonía con el anuncio de 2018 de la OMS que la sacaría de la lista de transtornos mentales), eliminando el requisito del diagnóstico psicológico y los 2 años de hormonización comprobada, que actualmente deben presentar las personas trans ante el registro civil para poder realizar el trámite de cambio de nombre y sexo en sus documentos de identidad. De esta Ley Trans española, un punto “polémico” es que incluye algunas medidas para la protección de las infancias trans.
La discusión pública llenó las redes sociales de posiciones a favor y en contra. Algunas inverosímiles, que alegaban que el reconocimiento de (especialmente) las mujeres trans, es parte de una campaña para el “borrado de las mujeres”; también que hombres podrían aprovecharse de estas nuevas disposiciones legales para ser beneficiados por políticas sociales destinadas a las mujeres; acceder a cárceles femeninas para agredir a otras internas; apropiarse de espacios académicos, deportivos, culturales y más argumentos desproporcionados. Muchas de estas críticas vienen del llamado feminismo trans excluyente, cuyas críticas van también hacia temas como el lenguaje inclusivo que provienen de prejuicios negativos que se tienen sobre las mujeres trans, que reducen sus experiencias de vida a una banalización de su expresión de género, su genitalidad, además de su propia identidad, e incluso en algunas ocasiones, insinuando que el simple hecho de ser trans, las hace acosadoras.
Colombia, pese a ser uno de los países líderes en Latinoamérica en cuanto a legislación anti-discriminación y en favor de la protección de las personas trans, muestra una realidad práctica contradictoria con ese marco legal, siendo nuestro país uno con las tasas más altas de violencias y asesinatos, presentados de manera sistemática dentro y fuera del conflicto armado. Además, y aún con la aparente protección legal, como el Decreto 1225 de 2015, que permite que cualquier persona mayor de edad cambie su nombre y sexo en su documento de identidad solamente con su voluntad manifiesta, muchos funcionarios niegan el acceso a los derechos anteponiendo sus propios prejuicios a la aplicación de la ley, acentuado por un desconocimiento de las vulneraciones de las que son víctimas las personas trans, y en especial las mujeres.
Sumado a estas falencias del Estado, es fácilmente evidente la transfobia generalizada en la sociedad colombiana, caracterizada por ser tradicionalmente conservadora y machista, especialmente en regiones como la Caribe. Los imaginarios negativos alrededor de las mujeres trans, contribuyen a ahondar la discriminación en su contra, negando para ellas derechos básicos como el de la educación, la salud, la vivienda, el trabajo digno o el libre desarrollo de su personalidad, lo que en muchas ocasiones dificulta para ellas una vida digna.
La reciente conversación Medellín, una ciudad que integra, liderada por Caribe Afirmativo desdela Casa Diversa en esta ciudad, tuvo como invitada a Charlotte, una de las mujeres trans en situación de movilidad humana que hace parte de los procesos de Casa Diversa, quien contó en su experiencia de ingreso al país una serie de violencias en su contra a lo largo de todo su recorrido por el país hasta la ciudad de Medellín. Abusos policiales, discriminación, amenazas y otros vejámenes, solamente por el hecho de ejercer el trabajo sexual como medio de sostenimiento y tener un cuerpo feminizado. Además, contaba su experiencia con la difícil integración laboral y acceso a la vivienda.
En la labor por la dignidad de las mujeres trans, hemos podido conocer, acompañar y documentar tránsitos e historias que, como la suya, están atravesadas por la violencia machista por parte sus familias al ser excluidas de los núcleos familiares y en conflictos a causa de su expresión de género, además de la violencia ejercida por los distintos actores armados en los territorios, tanto de la policía, como de grupos al margen de la ley, los altos niveles de deserción escolar a consecuencia del Bullying por parte de compañeros e instituciones por causa de sus expresiones femeninas, la precarización del trabajo que las encasilla a ejercer la peluquería o el trabajo sexual, ambos oficios en la más completa inseguridad y falta de garantías impidiendo su movilidad a otras áreas de trabajo, sumado al limitado acceso que tienen a los servicios de salud estatales que le permitan a muchas acceder a tratamientos de reemplazo hormonal, o cirugías de reafirmación.
La instalación en el imaginario colectivo de estereotipos negativos alrededor de las mujeres trans, relacionando su experiencia de vida y convivencia en sociedad con la delincuencia, enfermedades y el trabajo sexual, solamente contribuye a perpetuar las violencias físicas, simbólicas y económicas que hemos venido comentando, lo que sigue haciendo vigente su exclusión de la sociedad y una preocupación para nuestra colectividad.Una fuente de cuestionamiento sobre el impacto de nuestra labor y a ideas que contribuyan de maneras mucho más efectivas en la mejora de las condiciones de vida de las mujeres trans.
Surge entonces la pregunta de ¿cómo este sector minoritario de la población, afectado por diferentes factores que no permiten en muchos casos el acceso a la educación técnica o superior, con un limitado acceso a la salud, trabajo digno y vivienda, podría pretender otra cosa más que la propia supervivencia, integración en la sociedad y garantías para llevar una vida digna, saludable y próspera? Otra pregunta que surge es: ¿Es necesario apoyar a las mujeres trans? la respuesta corta es sí, pero ¿por qué? Al igual que todes, todos y todas las demás en la sociedad, las mujeres (y hombres) trans merecen vivir en paz y en bienestar, en igualdad de oportunidades, que les han sido limitadas por motivo de los prejuicios enquistados en la sociedad. Más allá de hablar de derechos trans, deberíamos pensar en derechos humanos, para personas con experiencias de vida trans, como cisgénero, quienes podemos apoyar poniendo en marcha procesos, apoyando iniciativas, educando a la sociedad o estimulando los liderazgos trans, para que sean ellas mismas quienes puedan brindarse en el futuro, espacios de incidencia y comunidad.